La administración de Donald Trump ha dado un paso inusual en la lucha contra el cibercrimen al permitir que empresas privadas estadounidenses se enfoquen en hackear a delincuentes cibernéticos extranjeros. Un memorando emitido por la Casa Blanca a finales de semana pasada tiene como objetivo autorizar a ciertos negocios a actuar contra actores seleccionados por el gobierno, marcando un significativo cambio en cómo el sector privado interactúa con la ciberseguridad.

Detalles de la medida

El documento, aunque escaso en detalles, propone que las empresas seleccionadas puedan llevar a cabo operaciones de espionaje y sabotaje que tradicionalmente han estado reservadas para agencias gubernamentales. A pesar de que las leyes anti-hackeo en Estados Unidos prohíben estas actividades para individuos y empresas, la nueva medida permite que las compañías que se contraten con el gobierno federal se involucren en acciones disruptivas contra organizaciones extranjeras clasificadas como cibercriminales.

”Existen una gama potencial de objetivos, como el crimen organizado, el lavado de dinero, y otras actividades criminales”, comentó Joshua Steinman, exdirector de ciberpolítica en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de Trump.

Implicaciones para el sector privado

Mientras que algunas compañías ya colaboran con el gobierno en la lucha contra el cibercrimen, generalmente lo hacen en un papel de apoyo, no como actores principales. Los expertos sugieren que pequeñas empresas y startups podrían ver esta iniciativa como una posibilidad de obtener contratos lucrativos del gobierno.

Sin embargo, el proceso para participar en este programa no será sencillo. Cualquier compañía interesada deberá firmar contratos con el Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Nacional, pasar por un riguroso proceso de supervisión y reservar un millón de dólares que el gobierno podrá cobrar en caso de incumplimiento.

Opiniones críticas

La medida ha generado inquietud en la industria. Algunos críticos argumentan que permitir a empresas privadas llevar a cabo operaciones cibernéticas podría acarrear riesgos legales y de seguridad. Paul Rosenzweig, consultor de ciberseguridad y ex oficial de política de seguridad nacional, expresó su preocupación, señalando que acciones de este tipo podrían violar leyes internacionales y causar incidentes diplomáticos innecesarios.

Chris Wysopal, otro experto en ciberseguridad, también mostró reticencias, advirtiendo sobre riesgos como el daño colateral en ataques mal dirigidos, lo cual podría apuntar a empresas o infraestructuras no involucradas en actividades delictivas.

Enfoque futuro

A pesar de los riesgos y las críticas, la administración confía en que esta medida puede mejorar la capacidad ofensiva de Estados Unidos en ciberseguridad. Sin embargo, muchos en el sector advierten que no es suficiente para resolver los crecientes problemas de cibercrimen, pronosticando que la amenaza seguirá evolucionando independientemente de esta nueva estrategia.