Un abogado ha sido multado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras presentar un recurso de apelación que contenía 48 citas de sentencias inexistentes. Las sentencias, que supuestamente provenían del Tribunal Supremo, fueron generadas por ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial no específicamente diseñada para el ámbito jurídico, lo que ha llevado a un resultado irónico: una multa de 450 euros, calculada como la mitad del costo anual de una suscripción a un servicio jurídico de IA confiable.

Este incidente, lejos de ser aislado, refleja una problemática más amplia sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector legal. En recientes episodios en otros lugares, como Nueva York y Alabama, varios abogados enfrentaron sanciones por citar información fabricada por inteligencia artificial. La falta de verificación de los datos por parte de los abogados ha llevado a situaciones similares, donde la jurisprudencia se ha visto comprometida.

El Tribunal Constitucional español ha criticado tales comportamientos como una falta de respeto profesional, manifestando la gravísima implicación de utilizar información errónea en decisiones legales. En otros casos, los tribunales han impuesto multas más severas, como los 1,800 euros sancionados por el TSXG de Galicia.

La creciente confianza en la inteligencia artificial y sus limitaciones ha sido objeto de estudio. Investigaciones revelan que muchos modelos de IA tienen altas tasas de ‘alucinación’, donde generan información que no es verificable. Un estudio del Stanford RegLab mostró que las tasas de errores al solicitar datos sobre casos judiciales oscilan entre el 58% y el 88%, lo que resalta la necesidad de un control humano más riguroso en la práctica legal.

A medida que la tecnología avanza y se incorpora al ámbito jurídico, es fundamental que los profesionales mantengan un enfoque crítico y meticuloso para evitar la propagación de información falsa que podría influir negativamente en el sistema judicial.