La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal de Salta ha ampliado la causa contra el abogado Lucas Ignacio M.G., quien ahora enfrenta un total de 138 cargos penales por múltiples delitos relacionados con una presunta red de fraudes.

Hechos Imputados

La acusación ha sido actualizada tras una audiencia reciente, donde se reveló que el letrado, que ya contaba con 77 imputaciones, ha visto incrementados los cargos de manera significativa. Los delitos incluyen estafas procesales reiteradas (64 hechos), falsificación de instrumento privado (24) y abuso de firma en blanco (50).

Este escándalo judicial involucra a otras tres personas que también han sido imputadas, sumando nuevos testimonios que han permitido la expansión del caso. Se ha comprobado que el abogado utilizaba pagarés firmados en blanco, que luego eran completados con datos erróneos para iniciar demandas en contra de personas que ignoraban su existencia.

Antecedentes y Modus Operandi

La causa tomó impulso tras informes de magistrados de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos de Salta, quienes identificaron patrones de irregularidades en casos donde este mismo abogado representaba a los demandantes. A través de la investigación, se encontró que los demandados aparecían con domicilios duplicados o con las mismas direcciones que los actores de los juicios.

La Fiscalía ha detallado que el abogado y sus cómplices habrían captado a personas en situación de vulnerabilidad económica, ofreciéndoles préstamos en condiciones abusivas y exigiendo la firma de documentos en blanco. Estos documentos eran posteriormente manipulados para iniciar acciones judiciales, resultando en embargos de sueldos y bienes sin el conocimiento de las víctimas.

Medidas Judiciales

Como resultado de las irregularidades descubiertas, la UDEC ha solicitado medidas cautelares como el levantamiento del secreto bancario, la prohibición de salida del país y el contacto con los denunciantes. Además, se realizaron allanamientos en varios domicilios, incluyendo el estudio del abogado, donde se incautaron documentos y dinero en efectivo.

El caso destaca la necesidad de vigilancia en el uso del sistema judicial y la protección de las personas más vulnerables frente a conductas delictivas que aprovechan su situación.